Las Multinacionales cerealeras le declaran la guerra al gobierno:

¿Quien Ganará esta pulseada?

El gobierno de Los Kirchner, en su desesperación por conseguir fondos, quiso tocar el bolsillo de las multinacionales. La respuesta no tardo en llegar. Guerra y boicot al gobierno.

El conflicto comenzó cuando el gobierno empezó a investigar una serie de supuestas maniobras que habrían sido efectuadas por los exportadores, dejándoles una ganancia extraordinaria cercana a los 1700 millones de dólares.

En juego, y en duda, se encuentran 23 millones de toneladas de soja y otros granos que, según cálculos coincidentes del PJ y la UCR, les habrían reportado a las empresas una ganancia extraordinaria cercana a los 1700 millones de dólares.

El Senado aprobó el 6 de Agosto un proyecto de ley que crea una comisión investigadora que tendrá amplias facultades para recabar información y tomar declaraciones.

El cuerpo investigador tendrá como objetivo analizar si las cerealeras cometieron irregularidades al anticiparse, en noviembre último, al aumento de las retenciones del 27,5% al 35% mediante la presentación de declaraciones juradas de exportaciones por granos que, en realidad, no tenían en su poder en ese momento.

Según explicó el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy), al anticipar esas operaciones las exportadoras congelaron el precio y la alícuota por retenciones de los granos comprometidos en esas operaciones.

El legislador dio un ejemplo para graficar el tenor de la maniobra, según el cual el 9 de noviembre, fecha del aumento de las retenciones, el precio por tonelada de soja estaba en 340 dólares que tributaban por derechos de exportación 93 dólares (27,5%).
Sin embargo, pudieron adquirir la mercadería tiempo después, con el valor de la tonelada a 570 dólares y un nivel de retenciones del 48%. "Entonces al productor le dedujeron 274 dólares, en tanto que estaban obligadas a ingresar, por haber congelado precios y alícuotas, 93 dólares", afirmo. "En este caso, el perjuicio fue de 181 dólares por tonelada", agregó.

En tanto, el gobierno dispuso de varias medidas de presión para recaudar el importe reclamado, en principio, dispuso un régimen optativo que extiende el plazo actual de 45 días para oficializar un embarque de granos y derivados en aquellos casos en los cuales los exportadores se comprometan a pagar las retenciones por adelantado a 90 días corridos en el caso del trigo, 120 en maíz y 180 para harina de trigo y productos de los complejos sojeros y girasoleros.

Además, varias de las empresas exportadoras comenzaron a recibir días atrás inesperadas inspecciones por parte de agentes de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), quienes solicitaron información de operaciones realizadas en los últimos años.

Otro de los capítulos de esta “guerra” se juega en el ámbito logístico. El sindicalista del gremio de Camioneros Pablo Moyano dijo, en declaraciones publicadas ayer por el diario Crítica de la Argentina, que realizará un plan con “medidas de acción directa en puertos y silos” al considerar inaceptable que muchos “choferes (que trabajan para compañías agroindustriales) están encuadrados en cualquier convenio colectivo menos en el de camioneros y algunos que figuran como monotributistas”.

“Se hizo un relevamiento con inspectores del Ministerio de Trabajo y se detectaron todo tipo de irregularidades, en empresas como Nidera, Cargill, Dreyfus, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata y Bunge”, dijo el hijo del titular de la CGT, Hugo Moyano, para luego agregar que “en pocos días vamos a arrancar con las medidas de fuerza”.

Otro de los motivos que generó descontento en los exportadores es que hace unos veinte días se encuentran varados una gran cantidad de barcos cargados con fuel oil en los puertos ubicados en la zona de influencia de Rosario (Up River).

Buena parte de dichos buques estaban asignados para cargar aceites y biodiesel luego de descargar el combustible, pero esto aún no se produjo por falta de pago por parte del Estado argentino (ningún organismo estatal relacionado con aspectos energéticos se ha hecho cargo aún de este suceso).

Las empresas involucradas en esta “guerra” contra el gobierno nacional son fundamentalmente las globales Cargill, Dreyfus y Bunge y las argentinas Vicentín y Aceitera General Deheza.

En el presente escenario, la demanda de granos por parte de las compañías exportadoras podría reflejar una progresiva caída que inevitablemente perjudicará los mecanismos de formación de precios en el mercado local, y por supuesto a los productores y a la Argentina.

Fuentes: Diario La Nación del 7 de Agosto de 2008 y sitio Infocampo.